18
Jun
Ayer lunes entró en vigor la nueva Ley Hipotecaria que pretende dar más protección en la concesión de este tipo de créditos, tanto a personas físicas como a entidades bancarias. El objetivo es favorecer no sólo la solvencia de los contratantes, sino en mejorar la transparencia de este documento, tras la eliminación de las controvertidas cláusulas suelo, limitando la imposición de productos bancarios.
Pese a que desde hacía varias semanas se comentaba la posibilidad que esta adaptación del nuevo texto no permitiría su pleno funcionamiento, tanto para entidades bancarias como notarios, lo cierto es que se ha trabajado contrarreloj para intentar adoptar estas condiciones legales.
Reparto de gastos
Una de las medidas más destacadas de esta reformulación normativa está en el reparto de los gastos contraídos con la hipoteca. De este modo, el coste de gestoría, notaría y registro de la propiedad corresponderá a las entidades bancarias; mientras que los de tasación y copias notariales son por parte del cliente.
No obstante, esta nueva ley entra en vigor con dudas sobre su interpretación por el endurecimiento de las condiciones crediticias y falta de concreción sobre las especificaciones a la plataforma notarial. Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha permitido una moratoria de mes y medio para adaptarse a los aspectos que tienen como misión garantizar la solvencia de los clientes.
Otro de los asuntos polémicos está en la formación de la plantilla, sobre todo en los departamentos de riesgo. Asimismo, los supervisores deben examinarse el próximo mes de julio de la nueva normativa europea, mientras que el resto de personal tiene un año hábil para superar dicho examen que certifica la buena praxis en el asesoramiento de productos hipotecarios, condición ‘sine quanon’ para poder desempeñar el puesto de trabajo correspondiente.